El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado, a través de un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, su intervención cuando las instituciones hospitalarias se convierten en lugares de residencia, de forma involuntaria, para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar los derechos de este colectivo.

Esta solicitud de la delegada del Cermi para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, surge a partir del caso de Agapito Pazos, abandonado a los tres años por tener espina bífida, que fue empadronado en el Hospital Provincial de Pontevedra, donde vivió 79 años hasta su muerte.