20minutos.es.- Los grupos parlamentarios han acordado en el Congreso de los Diputados tomar en consideración una proposición de ley defendida por el diputado socialista por Baleares, Pablo Martín, para que se reforme la Ley del Tribunal del Jurado con el fin de que las personas con discapacidad puedan formar parte de los jurados populares en los juicios y de esta forma la normativa se adapte a la Convención sobre derechos humanos de los discapacitados.
Los grupos parlamentarios han acordado en el Congreso de los Diputados tomar en consideración una proposición de ley defendida por el diputado socialista por Baleares, Pablo Martín, para que se reforme la Ley del Tribunal del Jurado con el fin de que las personas con discapacidad puedan formar parte de los jurados populares en los juicios y de esta forma la normativa se adapte a la Convención sobre derechos humanos de los discapacitados.
En el hemiciclo, donde se encontraban representantes de las principales asociaciones de personas con discapacidad de España, Martín, presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso, ha explicado que la actual normativa puede dar lugar a algunas discriminaciones contra el colectivo de discapacitados, "un porcentaje que engloba al 9 por ciento de la población y que no se puede tolerar".
Así, ha detallado que muchas personas con dificultades psíquicas o físicas no pueden ejercer este derecho recogido en la Constitución. De ahí que con esta propuesta, el PSOE, según Martín, pretenda dar "un paso grande" en cuanto a la integración real y efectiva para este colectivo suprimiendo las actuales barreras psicológicas.
Adaptación a la convención de derechos humanos
Concretamente, esta reforma de la Ley del Tribunal del Jurado plantea su adaptación a la Convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, con el fin de que no haya impedimento para formar parte de esos tribunales de justicia, siempre que tengan "capacidad suficiente" de discernimiento.
La Ley del Jurado de 1995 requiere "no estar impedido física, psíquica o sensorialmente", una condición que, según los socialistas, deja fuera a muchas personas con discapacidades que no impiden el desempeño de la función de jurado.
Para la conformación de los jurados, los candidatos designados tienen que devolver en el plazo de cinco días al magistrado que presida el tribunal un cuestionario, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompañado de las justificaciones documentales que estimen oportunas.
En este sentido, la iniciativa del PSOE plantea que las personas con discapacidad hagan constar aquellos impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales que puedan dificultarles el ejercicio de la función de jurado y concreten los medios de apoyo que necesiten para ejercer ese derecho.
Igualmente, se quiere que las administraciones públicas competentes provean los medios de apoyo necesarios a los tribunales de justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a ser jurado.
Convención de naciones unidas
La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad establece, entre otras obligaciones, para los estados miembros, la de asegurar que estas personas tengan acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos.
En nombre de Coalición Canaria, José Luis Perestelo ha justificado su apoyo a la toma en consideración de esta propuesta asegurando que se trata de avanzar en los derechos de los discapacitados. También desde el Grupo Mixto, Rosa Díez, de UPyD, ha manifestado su respaldo a la misma destacando que ha tenido que ser el PSOE quien trate de arreglar "la ausencia normativa del Gobierno" en esta materia. "Yo lamento que haya incumplido el Ejecutivo este mandato", ha dicho.
Por su parte, Joan Tardà, de ERC, se ha quejado de que la velocidad con la que el Gobierno implementa su voluntad política en materia de discapacidad "no es la óptima", si bien ha celebrado esta propuesta.
Una "pertinente" propuesta
Desde el PNV, Emilio Olabarria, ha querido en primer lugar aplaudir esta iniciativa por "pertinente", al formar parte de la Comisión Parlamentaria de Discapacidad. "Simbólicamente es importante. Es un paso más para conseguir la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. No hay ninguna diferencia entre las personas afectadas por algún tipo de discapacidad y aquellas que no lo están", ha añadido.
Jordi Jané, de CiU, ha indicado que apoya la reforma porque la Constitución establece que "la totalidad de las personas, incluidas las que tienen algún tipo de discapacidad" pueden participar en la institución de un jurado, a la vez que ha subrayado que la actual normativa puede llevar a alejarla de las personas que padecen algún tipo de discapacidad porque su redacción, como requisito para ser jurado, establece no estar impedido física, psíquica o sensorialmente.
Por último, el diputado del PP Franciso Vañó ha explicado que su grupo votará a favor de la proposición porque la actual norma establecía algún tipo de discriminación. "Cualquier iniciativa que vaya en favor de las personas con discapacidad y trate de mejorar sus condiciones de vida y mejorar sus derechos, independientemente de su origen, siempre pueden jugar a favor de esa mejoría y esperamos esta buena disposición en otras iniciativas parlamentarias", ha concluido.
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