OED.- Profesionales de los ámbitos de la discapacidad y de la Justicia analizaron ayer los retos planteados por la Convención de la ONU en relación con el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en un encuentro organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y la revista El Siglo en el Palacio de Congresos de Mérida, donde también se perfilaron las propuestas para afrontar la evolución desde la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos.
La adaptación legislativa del ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el estudio de las necesidades y habilidades de cada persona se muestran como herramientas esenciales para un cambio de paradigma que lleve del actual sistema de sustitución de la capacidad de personas con discapacidad -la tutela- al sistema de apoyos que establece el citado texto internacional. Esta es una de las conclusiones de la jornada 'Capacidad Jurídica y Discapacidad: de la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos', organizada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y la revista El Siglo, que reunió ayer en Mérida a expertos del ámbito de la discapacidad y de la Justicia, con el objetivo de establecer cuales son los retos que plantea la Convención de la ONU en relación con la capacidad jurídica, recogida en su artículo 12, y como abordarlos.
El establecimiento de apoyos a la persona con discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica ha de hacerse siempre a la medida de la persona, como señalaron los asistentes al encuentro. La delegada del CERMI para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, señaló además la posible existencia de un gestor que desarrolle el repertorio individual de apoyos acorde con las necesidades de la persona. En la misma línea, el vicepresidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, notario y asesor del Consorcio europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y la Discapacidad, Jose Javier Soto, apuntó que las medidas de apoyo deben ser proporcionales y adoptarse en el menor tiempo posible, además requieren de una serie de revisiones, con una implicación activa por parte de quien las diseña.
La necesidad de establecer una obligatoria revisión periódica de las actuales tutelas y curatelas, o de las medidas de apoyo cuando estas sean efectivas, es otra de las conclusiones del encuentro celebrado en Mérida, en el que la notaria y patrona de la Fundación AEquitas, Blanca Entrena, planteó la posibilidad de que esa revisión tenga un plazo y que se imponga mediante una norma legal. Entrena apuntó también la necesidad de coordinación entre ayuntamientos, comunidades autónomas, trabajadores sociales y jueces, fiscales y notarios para que todos dispongan de la información necesaria para establecer las medidas de apoyo adecuadas. Además de esta coordinación, el abogado y asesor jurídico de FEAPS Andalucía, Torcuato Recover, demandó también un cambio de mentalidad en el entorno de la Administración de Justicia, acorde con el cambio de paradigma que ha de suponer el nuevo modelo de apoyos.
La implicación que demanda Recover debe ser no solo de los profesionales del ámbito judicial, puesto que, como señaló el director gerente del Servicio de Promoción de a Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de Extremadura (SEPAD), Juan Carlos Campón, es preciso también el compromiso de los ámbitos socio-cultural y político. Campón indicó además la necesidad de la recualificación de los profesionales implicados en la atención a las personas con discapacidad; una especialización que abordó el fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro Justicia y Discapacidad, Carlos Ganzenmüller, quien mostró también algunos ejemplos de sentencias que ya se han redactado acorde con los principios de la Convención de la ONU y dio a conocer la existencia de un manual de buenas prácticas para fiscales en la protección de derechos de las personas con discapacidad.
UN CAMBIO REAL DE PARADIGMA
Las acciones a desarrollar para que se produzca el cambio efectivo que lleve de la sustitución de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a un modelo de apoyos pasan por una verdadera modificación de fondo y no por una simple sustitución de términos que denomine sistema de apoyos a lo que ahora es conocido como tutelas. Como demandaron durante el desarrollo de la jornada la mayor parte de los ponentes invitados, es precisa una reforma legal que haga que la modificación terminológica vaya acompañada de un verdadero cambio de concepto y creación de “nuevas formas de apoyo, donde sin duda alguna, la figura del asistente y su regulación adquieren una importancia trascendental”, como indico Ganzenmüller.
Para llegar a ese cambio efectivo es preciso también un análisis del contexto normativo que actualmente existe en España y la transformación que de este requiere la vigencia de la Convención de la ONU en nuestro país. Así lo recordó el subdirector general de Coordinación y Ordenación de la dirección General de Coordinación de Políticas sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Jacobo Martín, quien señaló que “la Convención está vigente y debe ser pauta de aplicación y criterio para los derechos y libertades de las personas con discapacidad”. Junto a Martín, expusieron las modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y analizaron el nivel de protección actual de los derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español el asesor jurídico del Consejo General de la ONCE, Fernando Pindado; la diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, Teresa Tortonda; y el diputado del PSOE y miembro de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso, Josu Montalbán.
La subdirectora general adjunta de Política Legislativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, María Dolores Díez, expuso las líneas generales del Anteproyecto de Ley de modificación del Código Civil español y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificación que toma como base la Convención de la ONU y la Ley 1/2009 de 25 de marzo. Estos cambios vendrán a dar respuesta al mandato de la Convención de proporcionar las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Para su aprobación este anteproyecto requiere de informes preceptivos del Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, pero atenderá también a otros elaborados por la Comisión General de Codificación y entidades representantivas de la discapacidad.
PROYECTO EN MARCHA
La jornada ‘Capacidad Jurídica y Discapacidad: de la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos’, fue inaugurada por la subdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien aseguró que “el Gobierno de España seguirá aplicando políticas de igualdad aún en tiempos difíciles”, concluyó con la exposición de un sistema de apoyo en la toma de decisiones que la Fundación para la Promoción y Apoyo a las personas con discapacidad (FUTUEX) viene desarrollando desde hace algunos años y que ya presentó el pasdo mes de febrero ante los ministerios de Sanidad y Política Social y de Justicia como modelo acorde con los preceptos de la Convención, en el sentido de garantizar las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
El secretario general técnico de FUTUEX y gerente del Observatorio Estatal de la Discapacidad, José Condiño Sopa, fue el encargado de presentar el sistema de apoyo en la toma de decisiones, junto a las responsables del área jurídica de esta fundación, Antonia María Ortiz y Soledad Parra Barona, y la psicóloga Antonia María Ramírez. El sistema “basado en proporcionar los apoyos necesarios en el contexto habitual de la persona”, como indicó Ramírez, implica la distribución por zonas de las que se hacen cargo distintos delegados de apoyo.
Un equipo de trabajo multidisciplinar, en coordinación y con movilización de los recursos comunitarios desarrolla el análisis y el establecimiento de medidas de apoyo lo más ajustadas y personalizadas a las características de cada persona con capacidad modificada. A cada persona atendida se le asigna un referente de apoyo o gestor de seguimiento, denominado delegado de apoyo, y con una periodicidad trimestral se procede a una evaluación para contrastar la idoneidad de los apoyos proporcionados.
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