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Expertos en discapacidad dan un “suspenso” a la gestión de los métodos de financiación de las entidades sociales

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El sistema de reparto del 0,7 es confuso, poco transparente, muy burocrático, poco eficiente, poco justo y poco equitativo”, según Jaume Mari Pàmies.

“Las CCAA están cambiando los convenios de colaboración con las entidades sociales por contratos públicos”, según el abogado Roberto De la Calle.

“Vivimos una crisis de confianza que podría llevar a la desaparición de los programas específicos de acción social de la RSE”, según Alberto Durán.

Varios representantes del mundo de la discapacidad han dado hoy su “suspenso” a la gestión de tres métodos de financiación de los que se nutren actualmente las entidades sociales. Durante la Conferencia Interestatal sobre sostenibilidad económica del Tercer Sector de la discapacidad, organizada por el CERMI La Rioja y el CERMI Estatal, se han abordado la línea de financiación de entidades a través del 0,7% del IRPF, la RSE y la contratación pública de servicios. 

El presidente de la Confederación Aspace, Jaume Marí Pàmies, ha planteado algunas propuestas de mejora para el 0,7% del IRPF a través del cual cada año se recauda dinero para las entidades sociales. Pàmies ha dado su “suspenso” a este sistema de reparto que califica de “confuso, poco transparente, muy burocrático, poco eficiente, poco justo y poco equitativo”.

Para el año 2010 se ha destinado un global de 264,4 millones de euros, de los que “menos de una cuarta parte, 48 millones, han sido para entidades de la discapacidad”. Por este motivo, Pàmies ha invitado a las asociaciones de la discapacidad, aglutinadas en torno al CERMI, a que aumenten su influencia en el reparto de los fondos destinados a la discapacidad, así como en los programas e inversiones realizadas.

En este sentido, ha pedido la creación de un Plan de Ordenación de infraestructuras e inversiones para 2 ó 3 años, que se coordine con el Plan de Prioridades de Fundación ONCE y el Plan de inversiones de las CCAA. También ha instado al Ministerio de Sanidad y Política Social a crear un proceso de distribución consensuado con las CCAA y las entidades, que sea más transparente, garantice el principio de solidaridad y simplifique la burocracia.

Por otro lado, el abogado Roberto De la Calle, de Iberforo Madrid, ha hablado sobre “La financiación de los servicios: de los convenios a los contratos”. En su intervención ha asegurado que “las Comunidades Autónomas están abandonando la formula del convenio de colaboración con las entidades del Tercer Sector para la prestación de servicios sociales para sustituirla por la celebración de contratos”. En estos concursos públicos, “las empresas pueden participar y muchas veces tienen ventaja sobre las entidades sociales” por cuestiones, por ejemplo, de solvencia.

En este sentido, De la Calle ha explicado que las CCAA justifican el cambio de convenio a contrato con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sin embargo, tras realizar una comparativa “no se aprecian cambios en la normativa que justifiquen el cambio de criterio”. Así, el experto ha calificado esta justificación como “pretexto administrativo”. En su opinión, el cambio será por “cuestiones de oportunidad o de legalidad, pero no por la entrada en vigor de la LCSP”.

De la Calle también ha hecho un análisis de las nuevas perspectivas que ofrece la Ley de Autonomía Personal y la LCSP con el fin de determinar sistemas, procedimientos y aplicación de artículos beneficiosos para el Tercer Sector como la inclusión de cláusulas sociales. En este punto, De la Calle ha recordado la necesidad de que se cumplan los compromisos de inserción de cláusulas sociales en los contratos con la Administración.

Por su parte, el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación ONCE y secretario general del CERMI, Alberto Durán, ha definido la crisis actual como “una crisis de confianza” y ha manifestado su preocupación porque esta situación afecta, para él, a la “desaparición de los programas específicos de acción social de la RSE”.
 
Por ello, Durán ha explicado que, a la hora de conseguir financiación, tenemos que hacer ver que el sector de la discapacidad es un segmento muy importante, incluido dentro de la visión estratégica de la compañía a la que nos dirigimos”. “La RSE sólida es la que está dentro de la estrategia empresarial, que nace como respuesta concreta a una oportunidad que la empresa ha visualizado”, ha añadido.
 
En este sentido, ha destacado que “tenemos que aportar valor a quien presta los recursos económicos” y que “debemos de aproximarnos a la empresa con una visión de la discapacidad bastante transversal, así como dar respuestas en materia de empleo y de accesibilidad”.
 
Asimismo, Alberto Durán ha resaltado la importancia de la calidad en la contratación de servicios y del voluntariado, al mismo tiempo que ha hablado de las amenazas y retos que existen alrededor del Tercer Sector de la discapacidad y ha reiterado la necesidad de encontrar respuestas organizadas a los problemas que surjan y promover el diálogo social para conseguir los cambios deseados. 


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