El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado, a través de un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, su intervención cuando las instituciones hospitalarias se convierten en lugares de residencia, de forma involuntaria, para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar los derechos de este colectivo.

Esta solicitud de la delegada del Cermi para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, surge a partir del caso de Agapito Pazos, abandonado a los tres años por tener espina bífida, que fue empadronado en el Hospital Provincial de Pontevedra, donde vivió 79 años hasta su muerte.

El Cermi, como organismo independiente de seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considera que este suceso afecta "de forma grave" a los derechos de "este grupo especialmente vulnerable" y, por eso, pide la intervención del Defensor del Pueblo en este tipo de casos.

"En el Cermi recibimos denuncias y quejas que evidencian situaciones de violación de los derechos de las personas con discapacidad y estamos detectando con frecuencia situaciones en las que se utilizan los hospitales como lugares de residencia habitual o alojamientos de larga estancia para personas con discapacidad en general y, en especial, con enfermedad mental y psíquica", asegura el Comité.

El Cermi considera que "el carácter restrictivo de estas instituciones puede dar lugar a una grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas ingresadas, cuando, no siendo el ingreso voluntario, tampoco se justifica su estancia en la necesidad de una intervención terapéutica de urgencia que sólo pueda ser atendida en este tipo de centros sanitarios".

"De estas situaciones se puede deducir que ante la inexistencia de otro tipo de recursos para atender a este colectivo, se prolonga su estancia de forma indefinida mediante prórrogas, obstaculizando su desarrollo personal y vulnerando su dignidad y sus derechos fundamentales", continúa.

Además, el Cermi recuerda cómo el relator de Naciones Unidas contra la tortura manifestó en un informe, presentado en julio de 2008, la incompatibilidad de los internamientos involuntarios por razón de discapacidad con los derechos humanos de este grupo social y, por ende, con la Convención.