Observatorio Estatal de la Discapacidad.- El Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis-Cayo Pérez Bueno, ha analizado la aplicación de la Convención de la ONU en España y ha llamado la atención sobre los casos que suponen una vioalción más intensa de los derechos reconocidos al sector de la discapacidad.
El Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado en Ginebra, en nombre de la entidad que representa, su informe alternativo al del Estado español sobre el balance de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España en el periodo 2008-2010, con el objetivo de analizar la situación de este sector en nuestro país.
Durante su intervención, ofrecida ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el presidente del CERMI ha presentado a la plataforma de la discapacidad que representa como una entidad con una larga tradición de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas; y como uno de los mecanismos independientes designados para promover, proteger y supervisar en España la Convención.
En este sentido, ha formulado un juicio genérico sobre la aplicación de la Convención en España y ha llamado la atención sobre aquellos aspectos que suponen una violación más intensa de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad por la Convención y que necesitarían, por tanto, una actuación y subsanación más firmes por este Comité, con el objetivo de que España avance significativamente en un tiempo razonable en el cumplimiento del Tratado internacional.
Pérez Bueno ha reflexionado, de forma general, sobre los avances en España en cuanto al reconocimiento de derechos, inclusión social y pertenencia a la comunidad de las personas con discapacidad, así como mejoras en la legislación, políticas públicas, presencia social y toma de conciencia comunitaria.
Sin embargo, ha reconocido que “sigue siendo un grupo social sometido a situaciones estructurales y coyunturales de exclusión social, con enormes dificultades para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, en términos equiparables al resto de ciudadanía sin discapacidad”.
“Desde la sociedad civil hemos de afirmar que en España no están garantizados los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención”, ha afirmado. De hecho, según ha indicado, “hay esferas críticas donde estos derechos son vulnerados y conculcados, lo cual resulta inaceptable y debe cesar”.
Para él, “se necesitan aún legislaciones, políticas, prácticas y un cambio de actitud social para que la aplicación de la Convención sea real y efectiva”.
En cuanto a las vulneraciones e incumplimientos, el presidente del CERMI ha destacado como “especialmente preocupantes” y los más graves los que pasan por la vigencia de la legislación interna, “incompatible con los principios, valores y mandatos de la Convención”; las prácticas y criterios de acción política y administrativa contrarios al Tratado; persistencia de políticas públicas de discapacidad “segregadoras” y “asistencialistas”, que no promueven una vida independiente y el derecho a ser incluido en la comunidad; entornos, productos y servicios no accesibles; insuficiencia de los apoyos y prestaciones públicas para asegurar un nivel de vida digno; o la ausencia de medidas eficaces para la toma de conciencia sobre la discapacidad y la diversidad humana.
Con respecto a situaciones de incumplimiento particulares que se producen en España, extraídas del Informe, Luis Cayo Pérez Bueno ha llamado la atención del Comité para que las examine con detenimiento. Entre ellas, ha resaltado: la no garantía de la igual capacidad legal de personas con discapacidad, la admisión en la legislación española de internamientos forzosos por razón de discapacidad y de esterilización forzosa, la posibilidad de privar el derecho de sufragio, o modalidades y estructuras de enseñanza no inclusiva en la legislación educativa española.
También se ha referido a la no existencia en España de un marco amplio, flexible, suficiente y opcional de apoyos, recursos y prestaciones que garanticen la libertad de elección, la vida independiente y el bienestar social óptimo de las personas con discapacidad, la no garantía del derecho de una vivienda accesible, la exclusión dentro de la exclusión, la no garantía de la aplicación de la Convención en España, la debilidad en los mecanismos y cauces para la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas, así como la ausencia de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para la toma de conciencia.
Esta relación expuesta por el presidente del CERMI responde al informe presentado, en el que se subrayan sólo las vulneraciones con más carga violatoria o que son más críticas para los derechos o la inclusión social de las personas con discapacidad en España.
Según Pérez Bueno, “las deliberaciones y decisiones del Comité se traducirán en recomendaciones y sugerencias de acción al Estado parte, que será de gran utilidad y eficacia para la mejor aplicación de la Convención a nivel nacional y para la mayor garantía de los derechos de las personas con discapacidad en España”.
Video descripción desactivada. Haga clic aquí para activarla.
