OED.- El informe bienal ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad con el objetivo de mostrar una visión global de la realidad de las personas con discapacidad en España y de contribuir a que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de éstas, ha sido presentado en la sede de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en Madrid.
El director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, Jaime Alejandre, y la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, han desglosado los principales datos del ‘Informe Olivenza 2010’ y han aportado información sobre algunas de las medidas adoptadas a lo largo del pasado año en las materias abordadas; información que no ha podido ser incluida en el estudio presentado, por abarcar éste el bienio 2008-2009, aunque el documento introduce algunas actualizaciones del año 2010.
‘Informe Olivenza 2010’
La elaboración de un informe bienal que proporcione una actualización exhaustiva de la situación de la Discapacidad en España es una de las actividades encomendadas al Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), actividad que se ha desarrollado en base a los indicadores recopilados y los estudios e investigaciones impulsadas por el OED.
El resultado de este trabajo multidisciplinar del equipo técnico del Observatorio Estatal de la Discapacidad aparece estructurado en cuatro capítulos monográficos centrados en el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, la aplicación en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los retos y oportunidades en materia de empleo, y el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El ‘Informe Olivenza 2010’ incluye además una crónica informativa de los años 2008 y 2009 -con una actualización por trimestres del año 2010-, y una selección de indicadores estadísticos sobre distintas materias en relación con la discapacidad.
Durante la presentación del ‘Informe Olivenza 2010’, el director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Jaime Alejandre, ha dibujado el perfil de la población con discapacidad en España que el OED ha elaborado en base a los datos extraídos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008). Alejandre ha aportado también datos del año 2010 sobre la actualización del catálogo ortoprotésico, las subvenciones destinadas al colectivo de personas con discapacidad y las de régimen general, así como la creación del Foro de Educación Inclusiva, los resultados de la Estrategia Global de Acción para el Empleo y algunas medidas legislativas adoptadas en relación con la mejora de la accesibilidad. Con estos datos adicionales, Alejandre ha mostrado algunas de las respuestas dadas desde el Gobierno a las necesidades y dificultades que encuentran las personas con discapacidad en España en su día a día y que quedaron recogidas en la EDAD 2008.
Derechos humanos
Tomando como fuente la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el ordenamiento jurídico español y los estudios realizados por diferentes especialistas en la materia, ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’ analiza en su capítulo segundo la adaptación del marco jurídico español que conlleva la ratificación por España el día 3 de mayo de 2008 de la Convención de la ONU, aprobada por Naciones Unidas dos años antes.
En relación con la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas, otro de los hechos destacados ha sido la aprobación, el 3 de diciembre de 2010, de la remisión a Cortes Generales del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dada la fecha en la que tuvo lugar la aprobación, este Proyecto de Ley no pudo tener cabida en el ‘Informe Olivenza 2010’, que ya estaba concluido en ese momento, por lo que Alejandre y Martínez han querido recordar durante la presentación del estudio este nuevo paso en el avance hacia la adaptación normativa; en cuyo texto además el OED pasa a tener cobertura legal.
Sin salir del ámbito de los derechos, cabe recordar que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a ejercer un trabajo que contribuya a su desarrollo personal y profesional, pero no siempre ocurre así. El ‘Informe Olivenza 2010’ en su capítulo tercero se centra en los retos y oportunidades para el empleo, analizando los principales problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad y los avances introducidos en los últimos años en este campo.
La Estrategia Global de Acción para el Empleo de personas con discapacidad 2008-2012 destaca como uno de los principales avances en esta materia, por concretarse en su aplicación una serie de medidas encaminadas hacia la plena y real integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El ‘Informe Olivenza 2010’ también muestra como, en paralelo, el poder judicial ha dictado jurisprudencia reconociendo la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad y el trabajo por cuenta ajena.
Para las personas con discapacidad, tener un empleo es un elemento clave en la plena integración social y el desarrollo de una vida diaria en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, pero en algunos casos esa igualdad pasa por recibir una serie de apoyos en el mero desarrollo de las actividades de la vida diaria. En este ámbito, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) es el avance más significativo en protección social que se ha dado recientemente, según los expertos que la han analizado a lo largo de sus tres años de vigencia.
El capítulo cuarto de ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’ contiene una cronología de la evolución de la LAPAD y el desarrollo del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), además recoge algunos de los aspectos analizados en la LAPAD por los expertos, así como una serie de cifras que acercan a la situación actual de aplicación de la ley, que permiten conocer que a 1 de septiembre de 2010 las prestaciones de la LAPD ascendían a 734.151 y la media de prestaciones por persona beneficiaria se había elevado hasta 1,18; siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la mayoritaria.
Presente y futuro
Tras los cuatro capítulos monográficos del ‘Informe Olivenza 2010’, éste presenta una crónica informativa en la que se recogen aquellas noticias del ámbito de la discapacidad que fueron actualidad en los medios de comunicación a lo largo de 2008 y 2009 -con una acercamiento a las del año 2010-. A través de esta recopilación se quieren mostrar los acuerdos adoptados por instituciones públicas y privadas a lo largo del bienio estudiado, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, acciones desarrolladas por diversas entidades y que pueden ser valoradas como buenas prácticas, situaciones de vulneración de derechos o avances en materia sociosanitaria y nuevas propuestas accesibles de ocio y cultura.
Para finalizar, la publicación elaborada desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad incluye una selección de indicadores sobre la situación de las personas con discapacidad en España centrados en la prevención de deficiencias, la educación especial y los alumnos con necesidades educativas especiales, la contratación, la protección económica, la información estadística del SAAD y la accesibilidad. Con estos últimos datos, el Observatorio Estatal de la Discapacidad quiere completar la ‘radiografía’ de la situación de las personas con discapacidad en España que supone este ‘Informe Olivenza 2010’.
Tras la mirada a la situación actual de las personas con discapacidad del ‘Informe Olivenza 2010’ se indicó que es el momento de continuar hacia delante, atendiendo al análisis realizado y con la aprobación de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como referente principal. El director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, Jaime Alejandre, y la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, han reafirmado durante la presentación del informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad “el compromiso del Gobierno con la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad”. Ambos aseguran que “se mantendrá el impulso de las políticas y actuaciones que se han seguido en los últimos años y que pretenden facilitar la integración de las personas con discapacidad, la igualdad de derechos y la no discriminación, y la mejora de su calidad de vida”.
Alejandre y Martínez han señalado que en 2011 se trabajará con especial atención en un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad; el Anteproyecto de Ley de Reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación; un proyecto de real decreto sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación de entornos, productos y servicios para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales ; y un proyecto de real decreto de mejora de la coordinación entre servicios sociales y servicios públicos de empleo en los procesos de inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
También se avanzó que se abordará el proyecto de real decreto que regule el acceso de las personas con discapacidad visual a la información de los productos (Etiquetado Braille); una ‘Estrategia integral española de cultura para todos’ que garantice el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad, tanto en el disfrute de la cultura como en su creación; un ‘Plan de Acción juguetes para todos’ que favorezca la estimulación de las capacidades diferenciadas en la infancia; elaborar un ‘Estudio integral de necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito rural’; y se reforzará la perspectiva de género transversalmente en todo cuanto afecta a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.