Sordos, ciegos, enfermos mentales, autistas, síndromes de down, minusválidos... Es el universo de la discapacidad, tan dispar que clama un auténtico "estatuto jurídico" que les permita mirar el día a día con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. En definitiva, vivir con igualdad de oportunidades.

Normas, informa el diario 'El Mundo', que les sitúan sobre el papel en la 'primera división' existen ya a nivel internacional, nacional y regional, pero hasta ahora Castilla y León carecía de una ley "integral y universal" que aglutinara toda esa normativa que pretende remover obstáculos y caminar hacia esa "efectiva igualdad" en el ámbito público y privado.

Aunque con retraso, eso va a cambiar para los 157.736 discapacitados censados hoy en la Comunidad y sus familiares, pero también para aquellos en riesgo de ingresar en la familia de la discapacidad. Y es que la Consejería de Familia ya dispone de un anteproyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para los Discapacitados, que está siendo estudiado por el Cermi y que deberá ser una realidad antes de que concluya la actual legislatura.

Nace con 103 artículos y con el mandato a la Junta de aprobar "periódicamente" un Plan Estratégico de Igualdad para este colectivo, que ponga en práctica los objetivos de esta norma. Su contenido, periodicidad y seguimiento se establecerá en un reglamento y contará, según el documento del anteproyecto, con la colaboración de las entidades públicas, con los agentes sociales y económicos y con aquellas instituciones implicadas en la atención de las personas con discapacidad.

Y para conocer el grado de ejecución de las medidas y su "efectividad", la Junta elaborará "un informe periódico". Además, cuando entre en vigor este texto legal, todas las leyes y planes que afecten a este colectivo "deberán incorporar un informe sobre su impacto". Lo mismo ocurrirá con las estudios y estadísticas. Todos ellos tendrán que "incluir sistemáticamente la variable de discapacidad".

La clave de este anteproyecto no está tanto en el reconocimiento de nuevas prestaciones, tal y como explica el consejero de Familia, César Antón, sino que el "salto cualitativo" será que esas prestaciones "se adaptarán a las situaciones más personales del discapacitado y de su familia".

Destinatarios preferenciales serán las mujeres con discapacidad, aquellos que padecen una más acusada exclusión social y las que viven en el medio rural o pertenecen a cualquier otro grupo especialmente vulnerable, según figura en el texto.

La sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales, la seguridad jurídica, la vivienda son la cara de una misma moneda: la integración. Y en cada área, el anteproyecto incorpora medidas !contra la discriminación, acciones positivas, de protección, de sensibilización o de prevención y promoción de la autonomía personal".