El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido al Ministerio de Economía y Hacienda que cumpla el mandato legal que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos a favor de personas con discapacidad.

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, establecía en su Disposición Final Segunda un mandato al Gobierno de remitir, en el plazo de seis meses, a las Cortes un Proyecto de Ley sobre mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos.

Vencido de largo ese plazo, el sector de la discapacidad no conoce ninguna actividad del Gobierno ni del Ministerio de Economía y Hacienda, en el sentido de cumplir la Ley, por lo que existe alarma en el movimiento de la discapacidad. 

En mayo de 2009, el CERMI remitió a Hacienda un documento de consideraciones y propuestas de reforma de la fiscalidad del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que trataba de aportar la visión la discapacidad organizada sobre las reformas que debía experimentar esta institución para ser realmente eficaz en la consecución de los fines para los que se creó. También se pedía la constitución de un Grupo de Trabajo entre el Ministerio de Economía y Hacienda para abordar esta cuestión.

Hacienda nunca ha respondido a estas propuestas y tampoco consta que haya avanzado en ninguna iniciativa para cumplir la obligación impuesta por la Ley 1/2009.

Ante este incumplimiento reiterado de una obligación legal, desde el sector de la discapacidad se exige al Gobierno que remita con urgencia a las Cortes el Proyecto de Ley de mejora fiscal de los patrimonios protegidos, recabando el previamente el parecer del Consejo Nacional de la Discapacidad y de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, órganos en los que está representado el sector asociativo de la discapacidad.