“El Consejo de Europa estima que un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia. Sin embargo, el número de estas niñas o mujeres que son víctimas de violencia por parte de alguien cercano es superior que lo reflejado en las estadísticas”, según la presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y Comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Ana Peláez.
Estas declaraciones se enmarcan en su comparecencia sobre la violencia de género en las niñas y mujeres con discapacidad ante el Intergrupo de la Discapacidad del Parlamento Europeo.
Así, Ana Peláez, miembro de la Junta Directiva del Lobby Europeo de Mujeres, ha destacado que distintos estudios de Europa, América del Norte y Australia han comprobado que más de la mitad de las mujeres con discapacidades han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin discapacidad.
Peláez ha recordado que, según la Encuesta Europea de Población Activa de 2002, las mujeres con discapacidad representan aproximadamente el 16% de la población total de las mujeres en Europa, existiendo en la Unión Europea aproximadamente 40 millones de mujeres con discapacidad.
En este sentido, ha señalado que, tal y como reconocen las Naciones Unidas, algunos grupos de mujeres (inmigrantes, niñas y mujeres con discapacidad, refugiadas, mujeres que viven en instituciones…) son particularmente vulnerables a la violencia.
En el caso de las mujeres con discapacidad, Peláez ha afirmado que, a pesar de que los grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en general sean cada vez más conscientes de la existencia de la violencia de género y hayan aumentado los programas para atender a quienes la han sufrido, “estos programas no han tenido en cuenta las particularidades que presentan las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesibles para ellas”.
“Podemos decir que las políticas de género invisibilizan la discapacidad y las políticas de discapacidad olvidan el género, perpetuando la situación de discriminación múltiple e invisibilidad de las niñas y mujeres con discapacidad”, ha indicado. Para ello, según Peláez, “el reto fundamental es tomar medidas para transversalizar la discapacidad en las políticas, programas y medidas que se desarrollen para eliminar la violencia de género en el marco de la UE”.
LA IMAGEN SOCIAL
La percepción social de que los hombres y las mujeres no son iguales y la percepción social de la discapacidad suponen la principal causa y la razón de muchas violaciones, desigualdades y vulneraciones de los derechos fundamentales de las niñas y mujeres con discapacidad en la sociedad, según ha destacado Ana Peláez.
“Esto provoca la autopercepción negativa de esas niñas y mujeres, que se ve agravada por la frecuente falta de formación, ausencia de empleo, escasa o nula capacidad económica y desarrollo de un trabajo en el seno de la familia no mercantilizado y pocas veces adecuado a la propia discapacidad”, ha continuado.
Además, ha resaltado que la falta de habilitación o rehabilitación pueden provocar en las mujeres con discapacidad situaciones de grave indefensión ante la posibilidad de repeler y afrontar situaciones de abuso o maltrato. “Esta discriminación de las niñas y mujeres con discapacidad se traduce en una cultura de impunidad de la violencia”, ha afirmado.
Por otra parte, ante el lanzamiento por parte de la Comisión Europea de una consulta para luchar contra la violencia de género en el marco europeo, Ana Peláez ha considerado “necesario” incorporar en dicha estrategia la perspectiva de la discapacidad, a fin de intervenir directamente con esta población.
Para ello, Peláez ha propuesto que es “imprescindible” abordar la inclusión de la prevención, la lucha y la eliminación de la violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad en todas sus formas en la nueva estrategia política de la UE para combatir la violencia contra las mujeres.
En este sentido, desde el Foro Europeo de la Discapacidad y el Lobby Europeo de Mujeres, ha recomendado desarrollar acciones dirigidas al entorno comunitario (formación, sistema de detección precoz de situaciones de violencia, prevención, accesibilidad, campañas de sensibilización…); a la atención directa de las niñas y mujeres con discapacidad; en materia de legislación (revisión de la normativa legal que consiente la esterilización forzada o el aborto coercitivo); y en materia de investigación (estudios específicos, entre otros).
Por otra parte, Peláez ha planteado que la estrategia de la Comisión Europea tendría que servir de base para desarrollar y armonizar la legislación y las prácticas de los Estados Miembros con respecto a las propias legislaciones y las acciones que estén llevando a cabo para la prevención y lucha contra la violencia.
Por último, Ana Peláez ha propuesto que, con el fin de hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales de las mujeres con discapacidad recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la UE y sus Estados Miembros, es necesario que las políticas de discapacidad incorporen de manera natural y permanente los asuntos de género, así como que las de género lo hagan en relación a la discapacidad. “Sólo así estaremos asegurando la verdadera igualdad y no discriminación de estas niñas y mujeres”, ha concluido.