Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en España reivindican su papel como generadoras de empleo y de bienestar para conseguir que la crisis económica recorte lo menos posible las ayudas que reciben de administraciones y empresas privadas.

Así lo ha dicho hoy en Logroño el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, durante la apertura de la Conferencia Interautonómica que organiza esa entidad y que ha inaugurado el jefe del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.

A esta Conferencia, que se clausurará mañana, acuden portavoces del Cermi en todas las comunidades autónomas, así como miembros de organizaciones como la ONCE y la Confederación de Autismo de España.

Toda la Conferencia se ha estructurado en mesas redondas y ponencias sobre la financiación actual y futura de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y sobre la repercusión de la crisis económica en esta cuestión.

Cayo ha considerado que "la crisis económica ha puesto encima de la mesa la sostenibilidad del tercer sector", como se denomina a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad.

Ha abogado por "no lamentarnos por ello" y ha reivindicado el papel de estas entidades como "generadores de bienestar, procuradores de derechos y creadores de empleo" porque "gestionamos bienes y servicios con impacto económico".

En estas jornadas se analizará el sistema de subvenciones públicas, sus fortalezas y sus debilidades y se planteará si es posible "buscar alianzas entre lo público y privado porque puede haber espacios de cogestión", ha añadido.

Ha admitido que los capítulos dedicados por las empresas a responsabilidad social se han rebajado y "eso nos afecta", aunque cree que "hay que buscar nuevos espacios de colaboración con la empresa privada".

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha recalcado que los servicios sociales son "un pilar básico del estado de bienestar" y ha recordado que la ley riojana en esta materia los reconoce como un derecho de acceso universal "y no como una ayuda"; además de que el trabajo de estos colectivos está determinado por contratos con el Ejecutivo regional y no por subvenciones.

También se ha referido a la aportación del Gobierno regional en la construcción de infraestructuras para personas con discapacidad, en las que el apoyo público ha llegado al ochenta por ciento del coste y ha repetido que su Gabinete no aplicará el pago fraccionado de los atrasos en las ayudas a la dependencia. EFE.