La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) criticó al Gobierno por el retraso en la aprobación de las indemnizaciones que anunció hace meses para los afectados por este fármaco.

La talidomida se recetó a finales de los años cincuenta para paliar las náuseas en el embarazo y se calcula que causó graves malformaciones a unas 3.000 personas en España.

El Gobierno anunció el pasado mes de marzo la aprobación inminente de un decreto que establecería indemnizaciones para 24 afectados por el medicamento, normativa que todavía no ha visto la luz.

"Nos han dicho que está en el trámite de Consejo de Estado y que va para adelante, pero también nos prometieron que iba a estar listo antes del verano, y no ha sido así. Vivimos una situación de ansiedad e incertidumbre", denunció en rueda de prensa el presidente de Avite, José Riquelme, durante un receso del V Congreso de la asociación, que se celebra en Madrid.

El decreto, según Riquelme, contendría una memoria económica de 1.590.000 euros, que se repartirían a los afectados en función de su grado de discapacidad.

A Avite, estas ayudas le parecen cortas. Aspiran a que se reconozcan en el futuro pensiones vitalicias, como se ha hecho en otros países en los que también se comercializó la talidomida, y unidades de atención específicas para el colectivo. Si no lo consiguen, "no descartamos presentar una enmienda judicial", avisó el presidente de la asociación, quien, no obstante, dijo que la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, le ha transmitido personalmente que "las indemnizaciones serán sólo el principio de medidas más importantes" para los afectados.

La talidomida, que se emplea actualmente de manera legal para la elaboración de fármacos destinados al tratamiento del acné juvenil y el cáncer de piel, ocasionó malformaciones a unos 20.000 niños de medio centenar de países. Sus consecuencias se manifestaron en forma de focomelia (carencia o excesiva cortedad de las extremidades) o de debilidad muscular por neuropatía periférica.