El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anima a todas las empresas, especialmente a las grandes, a que incorporen a su estrategia de compras la exigencia a los proveedores de que acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva legal a favor de personas con discapacidad, siempre que estuvieran obligadas a ello.

El cumplimiento o no de este mandato legal debería condicionar la contratación por parte de las empresas de los bienes, productos y servicios que ofrecen los proveedores.

Recientemente, una gran empresa española como Acciona ha anunciado que aplicará esta medida a su política de compras, en el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial.

Para el Cermi, si se generalizase esta iniciativa en el tejido empresarial, se desencadenaría una espiral muy favorable a la generación de empleo para personas con discapacidad, un grupo social severamente excluido del mercado de trabajo.

La apuesta de las empresas privadas por este tipo de actuaciones, contrasta con la resistencia de las Administraciones Públicas a adoptar esta medida, ya que siguen contratando con empresas que no cumplen las leyes que el propio Estado dicta.

El Cermi ha propuesto en numerosas ocasiones la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que se establezca como condición para contratar con las Administraciones el cumplimiento de la cuata de reserva en favor de trabajadores con discapacidad por parte de las empresas aspirantes. Hasta el momento, esta propuesta ha contado con la negativa del Gobierno, actitud que premia a los empresarios que incumplen las leyes, que compiten en igualdad de condiciones con aquellos que sí las cumplen.