Con esta medida, se castiga a una parte de los usuarios y beneficiarios de la Ley, que han visto dilatadas durante meses y hasta años sus solicitudes de valoración y reconocimiento de derecho, y se premia la incompetencia de las Administraciones autonómicas, que han generado bolsas de atrasos, por no resolver en tiempo prudencial, tal como marcan las propias leyes.
Las personas en situación de dependencia y sus familias van a sufrir los efectos de la mala gestión de muchas Comunidades Autónomas, que si resolvieran en plazo, no generarían atrasos a los que después no pueden hacer frente.
En todo caso, el CERMI entiende que este recorte sólo será de aplicación a las personas en situación de dependencia que entren al Sistema a partir de la entrada en vigor de esta decisión, y que no tendrá efectos retroactivos para los beneficiarios que ya tienen generada la deuda, pues se atentaría contra derechos consolidados y adquiridos, lo cual daría pie a innumerables litigios ante los Juzgados.
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